Los pagarés electrónicos habilitan la vía ejecutiva

La Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba revocó el rechazo ** de una solicitud de preparación de la vía ejecutiva promovida por Banco Macro SA contra Adescubrir SAS, al considerar que los pagarés electrónicos suscriptos mediante firma electrónica pueden tener eficacia jurídica suficiente para habilitar ese procedimiento, sin perjuicio de la posterior acreditación de su autenticidad.
El tribunal, integrado por los vocales Ariel Alejandro Germán Macagno, Walter Adrián Simes y Alberto Fabián Zarza, examinó la controversia originada en tres pagarés emitidos para garantizar préstamos bancarios contratados mediante la plataforma digital de la entidad financiera. El banco pretendía recuperar $135.092.721,37, correspondientes al saldo reclamado de operaciones instrumentadas electrónicamente.
El Juzgado de Primera Instancia de 14ª Nominación del Tribunal de Gestión Asociada de Cobros Particulares de Córdoba, a cargo de Alcides Gerardo Bustamante Saavedra, había rechazado inicialmente la pretensión porque consideró que la firma electrónica no reunía las condiciones legales necesarias para habilitar las acciones cambiarias. Según ese criterio, únicamente la firma digital garantizaba suficientemente la identificación del suscriptor y la integridad del documento.
La entidad bancaria cuestionó esa interpretación y sostuvo que las operaciones realizadas mediante plataformas digitales permiten identificar al usuario, verificar su consentimiento y reconstruir la trazabilidad de las transacciones. También argumentó que exigir exclusivamente una firma digital desconocía las modalidades actuales de contratación y suponía un rigor formal excesivo.
Los camaristas destacaron que los pagarés habían sido emitidos como garantía de contratos de mutuo celebrados electrónicamente. La documentación acompañada incluía las solicitudes de préstamos, las condiciones financieras pactadas y los mecanismos utilizados para identificar al cliente y registrar su aceptación.

Legislación

El fallo resaltó que la legislación admite la contratación a distancia y reconoce eficacia a los instrumentos electrónicos. En particular, recordó que el artículo 101, inciso g, del Decreto Ley 5965/63 permite utilizar mecanismos que aseguren la exteriorización de la voluntad del suscriptor y la integridad del documento cuando interviene una entidad financiera.
La cámara sostuvo que la firma electrónica puede individualizar al usuario autorizado y vincularlo con una operación determinada, sin que ello implique equipararla jurídicamente con la firma digital. Ambas modalidades presentan diferencias relevantes, especialmente respecto de las presunciones legales y la distribución de las cargas probatorias.
Los magistrados señalaron que el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva fue concebido originalmente para documentos tradicionales, pero consideraron necesario adaptar su aplicación a las nuevas modalidades de contratación. La existencia de instrumentos electrónicos no justifica, por sí sola, impedir anticipadamente el acceso al proceso ejecutivo.
El tribunal explicó que los documentos presentados pueden integrar un título ejecutivo compuesto, siempre que permitan identificar la obligación, los sujetos intervinientes y las condiciones necesarias para determinar la deuda reclamada.
La resolución dispuso que la empresa ejecutada deberá ser citada para reconocer si se registró en la plataforma bancaria y si se autenticó para aceptar las operaciones mediante firma electrónica. Si desconoce esa intervención, corresponderá al banco acreditar la validez de la firma invocada, conforme al artículo 5 de la Ley 25506.
La alzada también valoró que la propia entidad financiera había reconocido el cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la contratación electrónica, circunstancia que reforzaba la procedencia inicial del trámite solicitado.
Los camaristas concluyeron que el rechazo liminar había sido prematuro porque impidió siquiera convocar al deudor para reconocer o desconocer los instrumentos. Por ello, hicieron lugar a la apelación, revocaron la providencia cuestionada y ordenaron dar curso a la preparación de la vía ejecutiva, conforme al artículo 519, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, sin imponer costas ante la ausencia de oposición.

Autos: “BANCO MACRO SA C/ ADESCUBRIR SAS –PVE. – OTROS TÍTULOS- EXPTE. N° 14647734”